Por Daniel Aceves Villagrán
Los cambios en las políticas migratorias y fronterizas en estados del sur de Estados Unidos han tenido impactos significativos en las circunstancias migratorias en México y en toda la región del hemisferio continental, el registro de personas en tránsito por diferentes latitudes en México y en Centroamérica corresponden a desplazamientos migratorios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, sin embargo, las tasas más altas de personas migrantes que han estado llegando vía terrestre a México cruzando Centroamérica, incluido el Tapón del Darién, en el sur de Panamá, son provenientes de la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Haití y de otros países de África, Asia y Europa, que incluyen a un sinnúmero de personas de Rusia y Ucrania; de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en estos flujos de migración se halla un gran número de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como familias separadas en el lapso del viaje, personas indígenas, con discapacidad y enfermedades crónicas, personas de la comunidad LGBTQ+ y otras poblaciones que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
El 19 de septiembre de 2016, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, jefes de Estado y de gobierno discutieron temas relacionados con la migración y con los refugiados, y adoptaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, los 193 estados miembros de la ONU reconocieron, entre otros asuntos, la necesidad de un enfoque integral de la movilidad humana, desarrollando un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular; el Pacto Mundial es el primer acuerdo negociado a nivel global y busca atender la agenda 2030 de desarrollo sostenible en el objetivo 10 punto 7, brindando apoyo a la cooperación internacional en el ámbito de la gobernanza de la migración, en un contexto de opciones políticas para la implementación sobre las bases de sus propias realidades y capacidades migratorias.
México es uno de los países con más personas migrantes, sólo después de India, pero también se está convirtiendo, cada vez más, en un país de destino de personas migrantes internacionales, por lo que, en los últimos 20 años, según datos censales, la población inmigrante aumentó en un 123 por ciento. Desde hace 10 años, México ha reconocido en calidad de refugiados a más de 100 mil personas, a últimas fechas, el promedio semanal ha sido de 421 personas, con base en el reporte estadístico de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). La administración pública actual ha reconocido con ese estatus migratorio al 86.8% de los 102 mil 145 refugiados; por origen, los porcentajes más elevados son provenientes de Honduras, Venezuela y El Salvador, entre otros países del área. Según la legislación vigente, se reconoce la condición de refugiado a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional que haya salido de su país por temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, grupo social u opiniones políticas, o también para quien haya huido porque su vida, seguridad o libertad hayan sido amenazadas por violencia generalizada y/o violación masiva de los derechos humanos.
Los desplazamientos humanos poscovid-19 se han incrementado como consecuencia de problemáticas económicas, políticas y de seguridad, así como por falta de viabilidad de cientos de miles de personas y de familias que ven canceladas sus opciones de vida. México ha sido, es y será una posibilidad para una mejor vida de quienes no tienen nada y lo han perdido todo.
