Por: Ernesto Palacios
Las Políticas Públicas para una nueva realidad en el Deporte mexicano
Las Politicas Públicas son la capacidad de acción del Estado. Sirven para llevar al terreno operativo el ejercicio de los derechos políticos del ciudadano.
Las políticas públicas son el vehículo idóneo de transmisión de los beneficios deportivos a la sociedad. Y también, podemos considerar que corresponde dentro de las políticas públicas de un gobierno contribuir con el deporte para que el ciudadano pueda desplegar sus intencionalidades, de manera adecuada a favor de sí mismo y de su colectividad.
El deporte en su naturaleza incluye altos valores sociales, porque posee aptitudes que aportan beneficios en la salud y en la calidad de vida de los ciudadanos. Por medio del desenvolvimiento de las capacidades físico – mentales y de comunicación humana el deporte produce atractivas soluciones a los objetivos gubernamentales.
Una de las principales funciones sociales del deporte en la sociedad moderna es su papel regulador, adaptativo biológico – psicológico que garantiza a la persona su grado necesario de actividad motriz para una plena manifestación en todas las esferas de la vida.
Otra contribución social del deporte es la creación de identidad entre los individuos. El deporte tiene como valor social el promover la identidad entre los indiviudos, al crear símbolos de pertenencia en un colectivo, que hace sentir especiales, mejores e incluso superiores; fenómeno que puede llegar a alcanzar dimensiones locales, regionales e incluso entre países.
La administración pública ha jugado un papel de fuerza dominante en el deporte en México. No obstante, y para entender mejor la política de promoción del deporte en nuestro país, los antecedentes se remontan y ligan a la educación militar desde el año de 1917. En ese entonces, la educación física estuvo concebida como una actividad esencial en la educación integral del ser humano, por lo que en 1923 se creó la Escuela de Educación Física y la Dirección General de Educación Física dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El deporte en el México revolucionario creó potenciales oportunidades de cambio social en diversas áreas. La nación mexicana siguiendo el paradigma de la época vislumbró en los deportes un importante foro para unificar a la sociedad.
Los políticos mexicanos de aquella etapa vieron en el deporte un efectivo mecanismo para lograr el cambio social, esta concepción condujo al desarrollo de políticas públicas encaminadas a recuperar la credibilidad y buena imagen de México ante la comunidad internacional y la consolidación del Estado – Nación.
En medio de ese contexto el deporte fue entendido y usado por el Estado como un útil medio de propaganda de los ideales políticos de la postrevolución. Esta visión propagandística del deporte, inconveniente para la actualidad, continúa vigente hasta los años más recientes.
En México está en vigor la Ley General de Cultura Física y Deporte, dicha ley de orden público y de interés social aplica a todos los órdenes de gobierno. En ella se manifiestan como finalidades, entre otras, elevar el nivel de vida social y cultural de los habitantes; fomentar la cultura física y el deporte como medio importante en la preservación de la salud, así como promover, a través de las actividades deportivas la conservación del medio ambiente.
Los años siguen su curso, y continúa también el repetido intento de los encargados públicos por comprender e interpretar acertadamente la proyección social que representa el concepto deporte.
De manera general, los trabajos de la administración deportiva corren el riesgo de caminar una clara simulación de gobierno, lo que resultaría en políticas públicas disfuncionales. Lo anterior también, significaría una pérdida de generaciones enteras de talento y de historias exitosas de vidas deportivas.
El Estado para este caso, requiere tomar participación protagónica en el proceso deportivo. Es por lo que la aparición de las instituciones deportivas, en paralelo a las necesarias y continuadas discusiones del concepto de políticas al respecto, se observa como un hecho racional indispensable.
En México el órgano rector del deporte es una Comisión y a pesar de no contar con el poderío, ni el rango institucional de una Secretaría, se llega a compensar positivamente con la combinación, por un lado, de la capacidad de un aparato estatal de gran relevancia y, por otro lado, con la ligereza administrativa de los organismos descentralizados del Estado. Una de las grandes virtudes de este tipo de organismos es que tiene la posibilidad de incluir en sus órganos de gobierno a representantes de la sociedad y de los hacedores deportivos.
Asimismo, si el director de ese organismo se lo propone, puede alcanzar grandes niveles de autonomía administrativa, de interlocución con los agentes deportivos y, al mismo tiempo, es posible que trascienda con alto grado de comunicación e influencia ante el jefe del poder ejecutivo de la nación, sin dejar de lado su deslizamiento ligero para alimentar la participación pública y privada en el deporte. Este tipo de organismos puede funcionar y promover de manera más eficiente que otras corporaciones gubernamentales, gracias a su autonomía administrativa.
Con mucho, el éxito se apoya en la capacidad y en el trabajo comprometido del propio titular de esa entidad gubernamental para usar los conductos de gestión y empujar acuerdos, convenios y sobretodo acciones concretas. También debe ser capaz de identificar plenamente los grandes retos del ramo, mantener siempre activo el instinto investigador y desarrollar creativas soluciones para el deporte. Y nunca renunciar al contacto estrecho con los hechos deportivos y menos a la comunicación directa con los hacedores deportivos.
Con base en este modelo institucional se considera posible hallar vías democráticas, que inspiren confianza y eficacia en la participación ciudadana en lo deportivo.
Creemos que desde el Estado se debe revisar y considerar en las Políticas Públicas el extenso catálogo de estudios que evidencian los beneficios del deporte a las sociedades. Es innegable la existencia de ventajas del deporte, pero queda pendiente la aplicación efectiva de acciones concretas, con el fin de revertir los daños por ausencia de actividad física en los mexicanos.
Como los asuntos de interés público se encuentran siempre en riesgo de ser administrados bajo la actuación del día a día, por voluntad o impulso coyuntural, desafortunadamente, el resultado de esa actuación se deriva en daños y perjuicios a las personas y sus bienes. De ahí que quien ocupa algún cargo público le sea obligación observar las competencias y principios de la administración pública.
Las políticas públicas respecto al deporte, como elemento preventivo de la salud y como dispositivo de rendimiento humano, deben contemplarse desde el inicio de edades tempranas, hasta la tercera edad, con una visión multidisciplinaria y con la participación de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y desde luego, universidades. El gobierno aliado con una sociedad responsable es capaz de rescatar tanto buenas prácticas como espacios olvidados y dedicarlos a fines deportivos, que resulten en un bien deportivo.
Al gestionar la administración pública los asuntos comunes respecto del ciudadano como miembro del Estado, la sociedad y el gobierno tienen una responsabilidad compartida en la tarea de atender los retos en el ámbito del deporte y su práctica social en nuestro país. Por un lado, el gobierno debe plantear planes claros con liderazgo fuerte, y por otro lado, la activa participación de la sociedad permitirá avances positivos en la consecución de beneficios sumados. La intervención directa de la sociedad permite el ejercicio efectivo del presupuesto; asimismo inhibe la práctica de la corrupción y a su vez fomenta el empoderamiento del interés colectivo.
Es pertinente considerar que a la administración pública le corresponde poner mayor énfasis en el deporte, como el fenómeno social de interés común de los ciudadanos mexicanos.
En la actualidad, la intervención en el deporte desde la administración pública mexicana se debe procurar menos con propósitos de propaganda y más con fines de bienestar para la población.
Sería muy estimulante que los ciudadanos se dieran cuenta que pueden influir en la política pública, que pueden exigir resultados y evaluar las decisiones de los líderes deportivos representados como dirigentes gubernamentales. Ellos están obligados a rendir cuentas. Los ciudadanos a pedir las cuentas.
Y este hecho sería la verdadera concreción de una nueva realidad en el deporte mexicano y sus políticas públicas.
Ernesto Palacios
ernestopalacios99@yahoo.com.mx
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Comunicólogo de formación. Graduado por la Faculta de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con Maestría en Ciencias del Deporte ENED – SEP. Especializado en Administración del deporte en Universidad en México por más de 25 años. Estudioso de los procesos sociales y culturales del deporte mexicano. Con experiencia práctica como jugador y entrenador internacional.
