Diego Mendoza
@Diegolic_mend
La cultura física y la práctica del deporte trascienden el mero esparcimiento o la capacitación atlética: son instrumentos poderosos de desarrollo humano, cohesión social, salud pública, educación y fortalecimiento de derechos. En México, su reconocimiento como derecho público exige no sólo buenas intenciones o promesas, sino estructuras materiales y administrativas consistentes: estadios, gimnasios, espacios deportivos accesibles, pero también instituciones capaces de planear, coordinar, administrar y financiar de manera estable programas nacionales y locales. Sin esas condiciones, el derecho al deporte queda en el plano retórico.
Para convertir la cultura física y el deporte en un Derecho real para todos, es indispensable: Dotar de infraestructura con criterios de acceso, equidad, calidad y mantenimiento; Establecer mecanismos de financiamiento estables, transparentes y sólidos; Crear redes administrativas eficaces y coordinadas entre niveles de gobierno, sociedad civil y sector privado; Alinear dichas políticas al marco constitucional, legal e internacional, así como a las metas globales del desarrollo sostenible.
El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, entre otros derechos, el derecho “a la cultura física” como parte del bienestar integral de las personas. En este sentido, el deporte y la actividad física adquieren estatus constitucional y obligan al Estado a promoverlas. Este reconocimiento constitucional obliga al Estado mexicano a respetar, proteger y garantizar ese derecho en la práctica cotidiana.
El derecho a la cultura física y al deporte ha sido analizado en la doctrina como un derecho económico, social y cultural de reciente constitucionalización, que vincula al Estado con obligaciones activas de provisión y promoción en materia deportiva.
Además, el Estado mexicano ha adoptado una legislación específica, la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD). Esta ley regula la coordinación entre federación, entidades federativas, municipios y sociedad civil y establece principios, definiciones y obligaciones concretas para impulsar la cultura física y el deporte. Por ejemplo, reconoce que la cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todas las personas, y fija principios de equidad, calidad, inclusión, participación social y rendición de cuentas.
La LGCFD crea también el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) como la instancia coordinadora entre diferentes niveles de gobierno, para asesorar la formulación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, dar seguimiento y evaluar las acciones en el sector.
Asimismo, la ley establece que en la planeación nacional debe integrarse explícitamente el desarrollo de la cultura física y el deporte, y fija la obligación de que la CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) coordine las políticas deportivas federales.
En conjunto, este marco normativo implica que el Estado no solo puede, sino que debe asumir un rol proactivo en dotar la infraestructura necesaria, diseñar programas adecuados y mantenerlos con recursos y administración confiable.
Sin embargo, el reconocimiento jurídico no garantiza su plena efectividad. En la práctica, México enfrenta desafíos importantes: desigualdad en el acceso a instalaciones deportivas, carencia de mantenimiento, ausencia de recursos locales para municipios marginados, baja articulación entre niveles de gobierno, y periodismo de corto aliento en las políticas deportivas. En numerosas entidades, los programas dependen de partidas presupuestales volátiles sin continuidad interanual.
También destaca la necesidad de mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de recursos públicos destinados al deporte. El cumplimiento de la LGCFD exige no solo políticas, sino instrumentos administrativos capaces de vigilar su correcto destino.
Por tanto, el reto es convertir esas obligaciones legales en prácticas concretas y sostenibles: asegurar que los municipios tengan campos dignos, que en comunidades rurales haya espacios deportivos, que las escuelas dispongan de gimnasios funcionales, y que todo ello se administre con criterios de eficiencia y
La infraestructura es pilar esencial: sin espacios físicos accesibles, seguros y bien mantenidos, la cultura física y el deporte se vuelven privilegio. Pero “infraestructura adecuada” no sólo significa cantidad de instalaciones: implica calidad, distribución equitativa, accesibilidad geográfica, adaptación para personas con discapacidad, mantenimiento continuo, sostenibilidad ambiental, y pertinencia cultural.
Principios de una infraestructura deportiva efectiva
- Equidad territorial: no basta que los grandes centros urbanos tengan estadios y gimnasios; las zonas rurales, periferias y comunidades marginadas deben contar con instalaciones básicas para práctica deportiva. Esto exige una política de asignación de recursos centrada en zonas más desprovistas.
- Accesibilidad e inclusión social: las instalaciones deben ser accesibles para personas con discapacidad, con rampas, servicios adecuados y adaptaciones. Además, horarios flexibles, costos simbólicos o gratuitos facilitan su uso por todos los sectores sociales.
- Mantenimiento, renovación y calidad: muchas instalaciones en México se deterioran por falta de mantenimiento. Es insuficiente construir; hay que asegurar recursos para conservarlas, renovarlas y adaptarlas al paso del tiempo.
- Sostenibilidad ambiental: el diseño debe considerar eficiencia energética, uso de materiales sustentables y criterios ecológicos. Esto reduce costos operativos y contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible.
- Idoneidad funcional: cada comunidad tiene necesidades diferentes (cancha de fútbol, pista de atletismo, espacios multipropósito). Las políticas deben partir de diagnósticos locales y no imponer modelos uniformes.
Contar con instalaciones es condición necesaria para que el derecho a la cultura física se ejerza de manera tangible. Sin espacios adecuados, muchas personas quedan excluidas, lo que refuerza desigualdades. En ese sentido, la infraestructura debe concebirse como parte sustancial del deber estatal.
Asimismo, la LGCFD reconoce expresamente que CONADE emitirá normas y criterios en materia de instalaciones deportivas y deberá coordinar el mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas en coordinación con entidades federativas y municipios.
Pero el cumplimiento efectivo recae también en los gobiernos estatales y municipales, y ahí radica un cuello de botella: muchas localidades carecen de capacidad técnica o financiera para construir o mantener infraestructura. La política nacional debe acompañar mecanismos compensatorios y fondos especiales hacia esas localidades con menor capacidad de autofinanciamiento.
Construir infraestructura no basta: debe sostenerse en el tiempo con recursos confiables, administrados con profesionalismo, transparencia y eficacia. Aquí entra el diseño de mecanismos de financiamiento institucionalizados y estructuras administrativas modernas.
Algunas opciones para lograr un financiamiento sólido y sostenible en el ámbito deportivo incluyen:
- Presupuestos públicos asignados en ley: garantizar que una proporción del presupuesto nacional, estatal y municipal esté destinada mínimamente al deporte y cultura física. Esto asegura continuidad y reduce discrecionalidad política.
- Fondo nacional para deporte: un fondo institucional (similar a fondo concursable) que distribuye recursos a entidades federativas, municipios y organizaciones deportivas con base en criterios transparentes, y con mecanismos de seguimiento y evaluación.
- Participación privada y patrocinio regulado: promover inversiones privadas mediante incentivos fiscales o convenios público-privados, siempre que se respeten criterios de equidad y que no se sacrifiquen espacios de acceso público.
- Ingresos autogenerados: algunas instalaciones pueden generar ingresos (por renta, servicios, eventos, merchandising) que reinviertan en mantenimiento, siempre con regulación que preserve su función social.
- Cooperación internacional, donaciones y cooperación técnica: México puede recurrir a organismos internacionales, asociaciones deportivas globales y organismos multilaterales que apoyen infraestructura deportiva en países en desarrollo.
- Participación ciudadana y corresponsabilidad fiscal: programas de “adopta una instalación”, donaciones locales, voluntariado organizado; sin que esto reemplace la responsabilidad estatal, pero como complemento.
El diseño ideal combina varios mecanismos para diversificar ingresos y reducir el riesgo de que la política deportiva dependa únicamente de coyunturas presupuestales.
Un sistema de financiamiento solo es útil si va acompañado de estructuras organizativas capaces de gestionar los recursos con eficacia, rendición de cuentas y coordinación interinstitucional. Aspectos clave:
- Coordinación federal, estatal y municipal: evitar duplicidades o vacíos. El SINADE debe ejercer un rol de articulación macro, mientras estados y municipios ejecutan con base en estándares comunes.
- Capacidad técnica y profesionalización: personal capacitado en gestión deportiva, administración de proyectos, evaluación de impacto, mantenimiento y control financiero.
- Transparencia y rendición de cuentas: plataformas públicas, auditorías, indicadores de desempeño, valoración de resultados, sanciones por mal uso de recursos.
- Evaluación y seguimiento: planes deportivos con metas claras, monitoreo periódico, ajustes conforme a resultados.
- Participación social: incluir a asociaciones deportivas, comunidades locales y usuarios en la toma de decisiones, asegurando que los beneficios respondan a las necesidades reales.
- Descentralización responsable: otorgar autonomía operativa a entidades locales, pero con mecanismos de supervisión que eviten corrupción o abandono.
Cuando estos elementos convergen, surge un aparato sustentado por la legitimidad, la eficiencia y la continuidad, más allá de los ciclos políticos. Ahora bien para consolidar una visión de deporte como derecho y vector de desarrollo sostenible, es fundamental inscribir las políticas nacionales en el marco internacional y global.
Por otro lado México se encuentra comprometido con instrumentos de derechos humanos y culturales que permiten su interpretación amplia. En el ámbito cultural, México ha ratificado la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
Además, organismos internacionales como la UNESCO han impulsado la Carta Internacional de Educación Física y el Deporte, que reconoce que la educación física y el deporte son derechos fundamentales y exhorta a los gobiernos a promoverlos.
A escala global, la Agenda 2030 reconoce explícitamente en su párrafo 37 que “reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz” y que respalda el empoderamiento de jóvenes y comunidades, así como los objetivos en salud, educación e inclusión social.
La UNESCO, en su enfoque alineado con la Agenda 2030, afirma que el deporte es un “posibilitador” para múltiples ODS: salud, educación, igualdad de género, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, instituciones fuertes.
Por tanto, las políticas deportivas no pueden concebirse en aislamiento: deben formar parte del marco internacional de derechos humanos y desarrollo, para legitimar su relevancia y procurar cooperación técnica y financiera externa.
Contribución del deporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La práctica deportiva y la cultura física impactan múltiples ODS:
- ODS 3 (Salud y bienestar): la actividad física regular reduce enfermedades crónicas, estrés y mejora la salud mental.
- ODS 4 (Educación de calidad): incorporar deporte y actividad física en la educación fomenta habilidades socioemocionales y rendimiento escolar.
- ODS 5 (Igualdad de género): el deporte promueve la inclusión de mujeres y niñas, superando estereotipos.
- ODS 10 (Reducción de desigualdades): al democratizar el acceso al deporte, se combate la exclusión social y se brinda oportunidades en comunidades vulnerables.
- ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles): instalaciones deportivas bien integradas contribuyen a ciudades saludables, espacios públicos seguros y cohesión comunitaria.
- ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas): el deporte fomenta valores de convivencia, tolerancia, diálogo, y refuerza la gobernanza institucional.
- ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos): el ámbito deportivo promueve alianzas entre gobierno, sector privado, comunidad y organizaciones internacionales.
Por ello, al diseñar políticas deportivas con infraestructura, financiamiento y administración sólidas, México también avanza hacia sus compromisos de desarrollo sostenible.
Por último, es importante mencionar que una infraestructura adecuada y sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables no son lujos, sino condiciones indispensables para que la cultura física y el deporte trasciendan como derecho real. Lo cual puede ir de la mano con coparticipación en el estado y la iniciativa privada.
En México, el camino ya está allanado en el plano constitucional y legal, pero hace falta voluntad política, diseño institucional pensado, corresponsabilidad y una visión integrada con los compromisos internacionales y la Agenda 2030. Solo así podremos garantizar que cada niño, joven o adulto, independientemente de su lugar de origen o condición social, tenga acceso efectivo al deporte y al ejercicio físico, como parte esencial de su desarrollo humano.
Diego Alberto Mendoza Díaz
Abogado egresado de la UNAM, reconocido por su visión crítica en el Derecho del Deporte y su compromiso con la justicia, la equidad y los derechos humanos. Ha ocupado cargos en la administración pública, como titular de la Jefatura de Deporte Comunitario en Iztapalapa y actualmente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde aporta su conocimiento jurídico al servicio del bienestar social. Fue miembro del despacho Robinson y Díaz y hoy funge como Secretario General de la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México y Área Metropolitana A.C., desde donde impulsa foros legislativos y académicos sobre políticas deportivas incluyentes. Miembro activo de la UNADAF, cuenta con especialidad en Derecho Sanitario y un diplomado en Derechos Humanos. Analista en SPR Informa y conductor de “El Abogado Maldito”, recientemente se incorporó a “El Deporte No Descansa”, consolidándose como referente crítico y comprometido con el deporte en México.g
