Por César Pólit Ycaza ECU
La autonomía es un principio fundamental del Movimiento Olímpico, al constituir el basamento de su institucionalidad, el medio para preservar la legitimidad y credibilidad de sus organizaciones, y el sentido fundacional de estas. No es un fin por sí misma. Es la expresión de la capacidad que estas tienen para gobernarse y contribuir a la universalidad del deporte, al respeto de sus valores y a la defensa de la integridad de sus competiciones.
Es un concepto en permanente construcción social y de naturaleza adaptativa, pues la autonomía debe alinearse permanentemente con los cambios sociales, económicos y políticos, y aquellos que se producen en el ámbito deportivo. A través suyo se protege a las organizaciones deportivas de los actos arbitrarios que el Estado o terceros pudiesen realizar para menoscabarlas en su capacidad administrativa, técnica y financiera.
Está consagrada en la Carta Olímpica como el quinto de los principios fundamentales del Olimpismo: “las organizaciones deportivas en el seno del Movimiento Olímpico tendrán los derechos y obligaciones de autonomía, que consisten en controlar y establecer libremente las normas del deporte, determinar la estructura y gobernanza de sus organizaciones, disfrutar del derecho a elecciones libres de toda influencia externa y la responsabilidad de garantizar la aplicación de los principios de buena gobernanza”.
Para su preservación y dada su importancia, el COI está obligado a “adoptar medidas para reforzar la unidad del Movimiento Olímpico, proteger su independencia, mantener y promover su neutralidad política, y salvaguardar la autonomía del deporte”. Su objetivo es que las organizaciones deportivas estén preparadas para resistir los embates del intervencionismo gubernamental.
Al constituir un concepto amplio, adaptativo y fundamental para la estructuración y funcionamiento de las organizaciones deportivas, muchos países, entre ellos Ecuador, la han consagrado como un derecho fundamental de estas, en el marco de su Constitución. Está supeditada a la adopción de los principios de la buena gobernanza, por parte de las organizaciones deportivas, con la finalidad de contribuir a que estas ganen en legitimidad, eficacia y transparencia.
Sin embargo, la débil institucionalidad que generalmente afecta a muchas de ellas, las expone a múltiples desafíos y riesgos, a la vulneración de su autonomía y a interferencias gubernamentales que buscan instrumentalizar políticamente el deporte. Tienen, por tanto, en su deficiente gestión, exagerada dependencia de los recursos gubernamentales, falta de democracia y transparencia, corrupción, excesos de discrecionalidad e intervencionismo del Estado, a sus mayores amenazas y enemigos.
Pese a su importancia y protección jurídica, ha sido víctima de un sinnúmero de atentados y vulneraciones en muchos países, estimulada por la vigencia de leyes estatizantes y apetencias políticas. El mecanismo más recurrido y dañino sigue siendo la intervención de las organizaciones deportivas, atribuible, en la mayoría de los casos, a la deficiente gobernanza y opacidad de estas, a la presencia de autoridades y directivos carentes de idoneidad para ejercer sus cargos.
Ese intervencionismo se registra con mayor preponderancia en países gobernados por regímenes dictatoriales o hiperpresidencialistas, tan proclives a prácticas abusivas. Generalmente surge, al influjo de apetencias políticas que se traducen en interferencias y situaciones de conflicto. Al depender la mayoría de ellas del apoyo financiero estatal, están expuestas también a
condicionamientos y asfixias económicas, a la imposición de deportistas en los equipos nacionales o en los programas de Alto Rendimiento, por parte de las autoridades de turno.
Asimismo, la autonomía se menoscaba cuando colisionan las organizaciones deportivas, como en el reciente enfrentamiento entre Panam Sports y la FIBA, en torno a la categoría a disputarse las competiciones de básquet de los próximos Juegos Panamericanos. Al final prevaleció Panam Sports, como máxima autoridad de esos Juegos, tras dejar fuera de su programa oficial al básquet, por no allanarse la FIBA a que se realicen en categoría abierta.
Los escándalos del FIFAgate y los atribuidos al expresidente de la desaparecida IAAF, Lamine Diack, después de ser sobornado para callar los casos de dopaje de atletas rusos, así como los amaños de competiciones y la creciente corrupción en el deporte, obligaron al COI, en el marco de la Agenda 2020 y a partir de enero 2016, a disponer la adopción de medidas urgentes para reforzar la buena gobernanza de las organizaciones deportivas y rescatar la credibilidad del Movimiento Olímpico. Estableció la necesidad de implementar procesos transparentes y democráticos en los organismos de funcionamiento de aquellas.
En 2015, el expresidente de la WADA, Dick Pound, ya lo había advertido: “la autonomía para dictar y administrar las leyes del deporte debe ganarse con una conducta responsable, no como una mera afirmación de un estatus antiguo y caducado”. Y es que una autonomía ejercida irresponsablemente daña al deporte, por la ausencia de principios y valores, y por atentar contra el sentido fundacional de las mismas. Su preservación como derecho fundamental demanda un firme liderazgo y accionar responsable de quienes las dirigen.
Para rescatar y salvaguardar la legitimidad, eficacia y transparencia de las organizaciones deportivas, el COI promovió el ejercicio de la autonomía responsable, considerada un factor clave para modelar el funcionamiento de todas ellas, a través de la implementación de las mejores prácticas corporativas y la buena gobernanza. De ese modo, se propuso fortalecerlas institucionalmente y favorecer su legitimidad y mayor transparencia.
Desde entonces, la autonomía responsable ha hecho posible un crecimiento significativo en el número de organizaciones bien gobernadas y sostenibles, y con capacidad para organizar eventos atractivos a los espectadores, medios de comunicación y patrocinadores. Pero, aún son muchas las que no la ejercen y no terminan de entender que la autonomía, si bien es un derecho de todas ellas, ese derecho les impone también muchas e importantes obligaciones.
En Ecuador han coexistido y siguen coexistiendo las bien y mal gobernadas, por lo que muchas de sus organizaciones deportivas han sido víctimas de procesos intervencionistas, como el que se dio en 2012, motivado ese por intereses políticos. El entonces ministro, en aplicación de una ley farragosa, aprobada en 2010, cooptó atrabiliariamente 42 federaciones, para después cooptar el Comité Olímpico Ecuatoriano. Ese grave atentado fue enfrentado con determinación por los directivos de esa época, aunque lamentablemente con poco éxito.
Esa triste historia corre el riesgo de repetirse, tras nuevos casos de intervencionismo en Ecuador, pedidos de renuncias y veladas amenazas contra los directivos de su Comité Olímpico, atribuidas a su cuestionado ministro del deporte. Esa Cartera de Estado estará, en adelante, subordinada al ministerio de educación, lo que constituye un grave retroceso para el deporte ecuatoriano. Lamentablemente, Ecuador nunca llegó a tener un ministro con capacidad y conocimientos para ejercer ese cargo. La improvisación se paga cara.
Ante esas amenazas, el COE ha recibido contundentes apoyos del COI, Panam Sports, ODESUR, ODEBO y otros organismos, en defensa de su autonomía y legitimidad, todos ellos alineados con las directrices de la Recomendación 28 de la Agenda Olímpica 2020. La contundencia de esos apoyos debería desestimular los afanes ministeriales de intervenirlo y menoscabar su autonomía.
Sin embargo, de persistir las amenazas, COI cuenta con el suficiente poder coercitivo para disuadirlas, en aplicación de la Carta Olímpica. Podría optar por sanciones que incluyan la suspensión o retirada del reconocimiento del COE. Su aplicación traería consigo el aislamiento total del deporte ecuatoriano, con lo que sus deportistas no podrían participar en los torneos internacionales. Pero, como dice el refrán, “guerra avisada no mata gente”.
Justamente, para prevenir y enfrentar ese tipo de riesgos, la Carta Olímpica les impone a los CON la obligación de “preservar su autonomía y resistir todas las presiones de cualquier tipo, incluyendo pero no limitado a las presiones políticas, jurídicas, religiosas o económicas que pueden impedir el cumplimiento de la Carta Olímpica”. Este es un mandato que los CON generalmente lo han acatado para enfrentar el intervencionismo, unos con mayor o menor éxito.
Para el COI, el relacionamiento del deporte con el Estado “debe mantener un equilibro basado en la asociación, más que en la subordinación, y en el respeto mutuo y absoluto de la autonomía de estas organizaciones y de sus respectivas competencias, prerrogativas y responsabilidades”. Por tanto, debe basarse en una adecuada sinergia público-privada que privilegie la cooperación y confianza mutuas, que beneficie a los atletas, lejos de toda forma de intervencionismo.
En consecuencia, las organizaciones deportivas demandan la existencia de Estados facilitadores y cooperantes, y cumplidores de sus obligaciones con el deporte y los deportistas. Y, por su parte, el Estado y la sociedad demandan la existencia de organizaciones deportivas bien gobernadas y que cumplan responsablemente sus obligaciones. Ambas son necesidades imperiosas.
Consiguientemente, en la medida que el Estado y las organizaciones deportivas cumplan sus obligaciones, la humanidad y el deporte serán los grandes ganadores, pues el deporte es un derecho humano y un instrumento eficaz para lograr el desarrollo sostenible de los países.
Pero, fundamentalmente, quedará demostrado que la autonomía es más que un derecho de las organizaciones deportivas. Sí, es su razón de ser.
Destacado especialista ecuatoriano en deporte, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, con una amplia trayectoria en gestión y política deportiva. Ha sido presidente de la Federación Ecuatoriana de Voleibol, secretario nacional del Deporte, directivo del Comité Olímpico Ecuatoriano y secretario de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Fue director de la Comisión de Eventos de la Confederación Sudamericana de Voleibol y presidente del Panathlon Club Guayaquil. Es autor del libro Estado y Deporte. Amigos y enemigos íntimos y ha participado activamente en la elaboración de leyes deportivas, promoviendo la ética, la transparencia y el desarrollo institucional.
